martes, 2 de marzo de 2010
sábado, 28 de noviembre de 2009
Mineros se rebelan contra charro Pavon
La principal demanda de los obreros es el castigo a culpables de la muerte de un minero. Adicionalmente piden respeto a su sindicato
Foto: Oscar Baez
Alrededor de 300 mineros de diferentes secciones del país del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmsrm) instalaron ayer en Plaza de Armas por tiempo indefinido un plantón para exigir a las autoridades estatales se haga justicia por la muerte de Juventino Flores, acaecida en Fresnillo el pasado 10 de junio en un enfrentamiento entre el gremio.
Después de dos días de estar recluidos en un hotel de Las Arsinas lograron negociar con las autoridades y custodiados por la policía estatal, federal y municipal entraron en varios autobuses cerca de las 10 de la mañana a la capital, en donde sin mayores contratiempos hasta ahora permanecerán hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.
Es decir, que se castigue a los cuatro mineros que se dice son las culpables del homicidio de Flores, y que no obstante no se ha girado una orden de aprehensión en su contra.
Luis Sánchez Zuñiga, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero, dijo que no se retirarán hasta que les aseguren que se hará justicia por su compañero que falleció a manos de gente contraria al líder, Napoleón Gómez Urrutia.
Dijo que el pasado miércoles, cuando fueron detenidos en la carretera para impedirles el paso a la capital seguramente fue por orden del gobierno estatal, federal y municipal, y si bien no hubo agresiones físicas, consideraron que fue como un secuestro y sin duda se violaron sus derechos fundamentales.
Se quejaron de que no los dejaron transitar libremente por el país como lo marca la Constitución, razón por la que acudirán ante diferentes instancias.
El delegado del Sntmmsrm en el estado de México, Alberto Ortega, reconoció que la intención del gobierno federal era cuidar que no hubiera un choque de ellos con Carlos Pavón Campos, quien se dice un líder minero pero en este momento no tiene ninguna representación jurídica, que pese a tener seguidores no deja de ser alguien que se vendió ante los empresarios y traicionó al sindicato.
Aseguró que finalmente no fueron bien tratados y no se puede negar lo contrario, “el sindicato minero ha tratado de tener una buena relación con los gobiernos estatal y uno de los que se ha prestado para el diálogo es del de Zacatecas”.
Finalmente Ortega en otro tema dijo que mientras haya unidad entre todos los sindicatos el gobierno federal no logrará su cometido que es acabar con los entes sindicales; sin embargo –agregó– hasta ahora sólo ha logrado la desestabilización social.
Muestra de ello el ataque al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con quienes el gobierno actuó de una manera muy radical y les ha pegado a los trabajadores en lo económico.
Foto: Oscar Baez
Alrededor de 300 mineros de diferentes secciones del país del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmsrm) instalaron ayer en Plaza de Armas por tiempo indefinido un plantón para exigir a las autoridades estatales se haga justicia por la muerte de Juventino Flores, acaecida en Fresnillo el pasado 10 de junio en un enfrentamiento entre el gremio.
Después de dos días de estar recluidos en un hotel de Las Arsinas lograron negociar con las autoridades y custodiados por la policía estatal, federal y municipal entraron en varios autobuses cerca de las 10 de la mañana a la capital, en donde sin mayores contratiempos hasta ahora permanecerán hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.
Es decir, que se castigue a los cuatro mineros que se dice son las culpables del homicidio de Flores, y que no obstante no se ha girado una orden de aprehensión en su contra.
Luis Sánchez Zuñiga, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero, dijo que no se retirarán hasta que les aseguren que se hará justicia por su compañero que falleció a manos de gente contraria al líder, Napoleón Gómez Urrutia.
Dijo que el pasado miércoles, cuando fueron detenidos en la carretera para impedirles el paso a la capital seguramente fue por orden del gobierno estatal, federal y municipal, y si bien no hubo agresiones físicas, consideraron que fue como un secuestro y sin duda se violaron sus derechos fundamentales.
Se quejaron de que no los dejaron transitar libremente por el país como lo marca la Constitución, razón por la que acudirán ante diferentes instancias.
El delegado del Sntmmsrm en el estado de México, Alberto Ortega, reconoció que la intención del gobierno federal era cuidar que no hubiera un choque de ellos con Carlos Pavón Campos, quien se dice un líder minero pero en este momento no tiene ninguna representación jurídica, que pese a tener seguidores no deja de ser alguien que se vendió ante los empresarios y traicionó al sindicato.
Aseguró que finalmente no fueron bien tratados y no se puede negar lo contrario, “el sindicato minero ha tratado de tener una buena relación con los gobiernos estatal y uno de los que se ha prestado para el diálogo es del de Zacatecas”.
Finalmente Ortega en otro tema dijo que mientras haya unidad entre todos los sindicatos el gobierno federal no logrará su cometido que es acabar con los entes sindicales; sin embargo –agregó– hasta ahora sólo ha logrado la desestabilización social.
Muestra de ello el ataque al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con quienes el gobierno actuó de una manera muy radical y les ha pegado a los trabajadores en lo económico.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Solidaridad con Catalunya
RECONOCIMIENTO AL EDITORIAL EN CONTRA DE LA IMPOSICION DE LA VOLUNTAD EN CATALUNYA:
Este editorial que publica EL PERIÓDICO en defensa de Catalunya ha sido redactado conjuntamente por los 12 diarios cuyas cabeceras figuran al pie
Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratifi cado en referendo y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el alto tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta.
La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta Cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los 12 magistrados que componen el tribunal, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que solo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo–, no haremos mayor alusión a las causas del retraso de la sentencia.
Avance o retroceso
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de símbolos nacionales (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de la misma. No solo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).
Los pactos obligan
El alto tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años 70 transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado-nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que, en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referendo.
Solidaridad catalana
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.
Publican también este texto La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.
Este editorial que publica EL PERIÓDICO en defensa de Catalunya ha sido redactado conjuntamente por los 12 diarios cuyas cabeceras figuran al pie
Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratifi cado en referendo y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el alto tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta.
La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta Cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los 12 magistrados que componen el tribunal, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que solo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo–, no haremos mayor alusión a las causas del retraso de la sentencia.
Avance o retroceso
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de símbolos nacionales (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de la misma. No solo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).
Los pactos obligan
El alto tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años 70 transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado-nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que, en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referendo.
Solidaridad catalana
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.
Publican también este texto La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.
domingo, 25 de octubre de 2009
Dispara PRI secuestros
Siguen los levantones y extorsiones en complicidad con las autoridades estatales, los medios paleros tratan de desinformar sobre los responsables que estan coludidos con el PRI
Sufre Coahuila más levantones; decenas están desaparecidos
Por Redacción
25/10/2009 - 04:00 AM
Saltillo, Coah.- Coahuila sigue a merced del crimen organizado, que ha encontrado en los levantones y secuestros la mejor manera de hacerse de recursos económicos o ajustar cuentas.
Las principales ciudades del estado reportan decenas de personas desaparecidas.
En Saltillo han sido levantadas 8 personas y en Piedras Negras 2, de las que se tienen pocas esperanzas de que sigan con vida.
En Torreón el número de desa-parecidos se elevó ayer a 10, luego de que investigaciones de corporaciones policiacas establecieron que los seis policías municipales levantados no eran el objetivo, sino cuatro ingenieros que éstos custodiaban.
A cuatro días de que fueron privados de su libertad, familiares de los 10 desaparecidos temen por su vida. No hay noticias de ellos, y hasta el momento se descarta que hayan sido secuestrados.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no investiga estos hechos porque hasta el momento no hay denuncia de la desaparición de alguna de estas 10 personas.
Aún así, detectives estatales precisaron que uno de los ingenieros se apellida Izunza, y extraoficialmente se dijo que podría ser pariente de un sinaloense investigado por las autoridades federales.
Reportes policiacos advierten que las 10 personas fueron privadas de su libertad, y descartan que hayan sido detenidas por alguna corporación o por el Ejército Mexicano. Incluso se presume que integrantes de algún grupo vinculado con la delincuencia organizada estaría detrás del levantón masivo.
Olivas Jurado indicó que hasta ahora no tienen comunicación de la corporación Municipal de Torreón, que dirige el policía federal con licencia Karlo Castillo Gracia, de la desaparición de los seis elementos policiacos; aunque otros agentes aseguran que sus compañeros no han regresado a sus hogares.
Según el delegado regional lagunero, tampoco se tiene reportes en el 066 ó en el C-4 sobre esos hechos, precisando que el caso de los diez levantados se manejó de manera extraoficial.
En el presente año un importante número de agentes preventivos causaron baja por pérdida de la confianza, uno más por estar involucrado con el crimen organizado, en tanto que otros han sido ejecutados o levantados.
Los agentes policiacos de Torreón están permanentemente en la mira de la delincuencia organizada.
Sufre Coahuila más levantones; decenas están desaparecidos
Por Redacción
25/10/2009 - 04:00 AM
Saltillo, Coah.- Coahuila sigue a merced del crimen organizado, que ha encontrado en los levantones y secuestros la mejor manera de hacerse de recursos económicos o ajustar cuentas.
Las principales ciudades del estado reportan decenas de personas desaparecidas.
En Saltillo han sido levantadas 8 personas y en Piedras Negras 2, de las que se tienen pocas esperanzas de que sigan con vida.
En Torreón el número de desa-parecidos se elevó ayer a 10, luego de que investigaciones de corporaciones policiacas establecieron que los seis policías municipales levantados no eran el objetivo, sino cuatro ingenieros que éstos custodiaban.
A cuatro días de que fueron privados de su libertad, familiares de los 10 desaparecidos temen por su vida. No hay noticias de ellos, y hasta el momento se descarta que hayan sido secuestrados.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no investiga estos hechos porque hasta el momento no hay denuncia de la desaparición de alguna de estas 10 personas.
Aún así, detectives estatales precisaron que uno de los ingenieros se apellida Izunza, y extraoficialmente se dijo que podría ser pariente de un sinaloense investigado por las autoridades federales.
Reportes policiacos advierten que las 10 personas fueron privadas de su libertad, y descartan que hayan sido detenidas por alguna corporación o por el Ejército Mexicano. Incluso se presume que integrantes de algún grupo vinculado con la delincuencia organizada estaría detrás del levantón masivo.
Olivas Jurado indicó que hasta ahora no tienen comunicación de la corporación Municipal de Torreón, que dirige el policía federal con licencia Karlo Castillo Gracia, de la desaparición de los seis elementos policiacos; aunque otros agentes aseguran que sus compañeros no han regresado a sus hogares.
Según el delegado regional lagunero, tampoco se tiene reportes en el 066 ó en el C-4 sobre esos hechos, precisando que el caso de los diez levantados se manejó de manera extraoficial.
En el presente año un importante número de agentes preventivos causaron baja por pérdida de la confianza, uno más por estar involucrado con el crimen organizado, en tanto que otros han sido ejecutados o levantados.
Los agentes policiacos de Torreón están permanentemente en la mira de la delincuencia organizada.
miércoles, 24 de junio de 2009
Crean asociacion de desempleados
En medio de la desesperacion por el lamentable estado del empleo en la entidad gracias a las politicas magisteriales, surge una asociacion que busca reivindicar a los profesionistas en Coahuila...
Surge agrupación de profesionistas desempleados
Por Infonor
23/06/2009 - 07:06 PM
Saltillo, Coah.- Integrantes de la recién creada "Asociación de Técnicos y Profesionistas Desempleados", tomaron durante varios minutos la tribuna en el Congreso del Estado para manifestar su inconformidad por la falta de empleos.
Mostrando sus títulos y cédulas profesionales, unos 20 integrantes de la Asociación creada en Torreón manifestaron que los profesionistas están subempleados, vendiendo tacos o de taxistas, y quienes tienen un empleo han tenido que aceptar bajos sueldos ante la falta de oportunidades.
José Luis Romo Ayala, presidente de la Asociación, dio a conocer que impulsarán un movimiento para integrar a técnicos y profesionistas desempleados de todo el país, los cuales estiman sean siete millones.
La Asociación incluye a todos los profesionistas que hayan terminado una carrera aunque no estén titulados.
Tan sólo en Coahuila, dijo, hay aproximadamente siete mil profesionistas desempleados que integran ya la Asociación.
“Por qué estudiamos, para mejorar la vida, nuestras familias, por eso queremos trabajar ya de lo que estudiamos, no que ande la gente de taxistas, vendiendo tacos, vaya usted a saber de qué más, queremos trabajar de lo que estudiamos”, insistió Romo Ayala.
Mencionó que tomaron la tribuna porque de otra manera deben formarse en una fila larga para que los escuchen.
“Hay mucha oferta, sale un trabajo para un abogado y van 150 y llega uno bueno, bonito y barato, no están bien pagados los profesionistas, por eso se van, por eso la fuga de cerebros”, aseguró.
“Son siete millones de personas desempleadas y subempleadas, cuáles son los subempleados, el que debe ganar 15 mil pesos y trabaja por 5, por la necesidad, por eso, entonces qué queremos, la dignidad y justicia social de los profesionistas”, señaló.
Los inconformes fueron atendidos por una comisión de diputados encabezada por Cecilia Janeth Babún ante quien pidieron que las plazas educativas no se hereden en Coahuila sino que se concursen.
Y SE MANIFIESTAN TAXISTAS
Unos 20 taxistas de Parras de la Fuente se manifestaron también ante los diputados mostrando pancartas e interrumpiendo con gritos la sesión.
Los manifestantes pidieron que se regule el servicio en su municipio donde operan 25 taxistas “piratas” en perjuicio de los concesionarios.
Dijeron que con los paros técnicos que registran las tres únicas empresas en Parras, no hay dinero y el poco que existe para transporte se los compiten taxistas quienes presuntamente fueron apoyados por el ahora diputado Ignacio Segura, en su tiempo de alcalde de ese municipio.
Surge agrupación de profesionistas desempleados
Por Infonor
23/06/2009 - 07:06 PM
Saltillo, Coah.- Integrantes de la recién creada "Asociación de Técnicos y Profesionistas Desempleados", tomaron durante varios minutos la tribuna en el Congreso del Estado para manifestar su inconformidad por la falta de empleos.
Mostrando sus títulos y cédulas profesionales, unos 20 integrantes de la Asociación creada en Torreón manifestaron que los profesionistas están subempleados, vendiendo tacos o de taxistas, y quienes tienen un empleo han tenido que aceptar bajos sueldos ante la falta de oportunidades.
José Luis Romo Ayala, presidente de la Asociación, dio a conocer que impulsarán un movimiento para integrar a técnicos y profesionistas desempleados de todo el país, los cuales estiman sean siete millones.
La Asociación incluye a todos los profesionistas que hayan terminado una carrera aunque no estén titulados.
Tan sólo en Coahuila, dijo, hay aproximadamente siete mil profesionistas desempleados que integran ya la Asociación.
“Por qué estudiamos, para mejorar la vida, nuestras familias, por eso queremos trabajar ya de lo que estudiamos, no que ande la gente de taxistas, vendiendo tacos, vaya usted a saber de qué más, queremos trabajar de lo que estudiamos”, insistió Romo Ayala.
Mencionó que tomaron la tribuna porque de otra manera deben formarse en una fila larga para que los escuchen.
“Hay mucha oferta, sale un trabajo para un abogado y van 150 y llega uno bueno, bonito y barato, no están bien pagados los profesionistas, por eso se van, por eso la fuga de cerebros”, aseguró.
“Son siete millones de personas desempleadas y subempleadas, cuáles son los subempleados, el que debe ganar 15 mil pesos y trabaja por 5, por la necesidad, por eso, entonces qué queremos, la dignidad y justicia social de los profesionistas”, señaló.
Los inconformes fueron atendidos por una comisión de diputados encabezada por Cecilia Janeth Babún ante quien pidieron que las plazas educativas no se hereden en Coahuila sino que se concursen.
Y SE MANIFIESTAN TAXISTAS
Unos 20 taxistas de Parras de la Fuente se manifestaron también ante los diputados mostrando pancartas e interrumpiendo con gritos la sesión.
Los manifestantes pidieron que se regule el servicio en su municipio donde operan 25 taxistas “piratas” en perjuicio de los concesionarios.
Dijeron que con los paros técnicos que registran las tres únicas empresas en Parras, no hay dinero y el poco que existe para transporte se los compiten taxistas quienes presuntamente fueron apoyados por el ahora diputado Ignacio Segura, en su tiempo de alcalde de ese municipio.
sábado, 20 de junio de 2009
Mas desempleo
Despide Findlay a 321 obrerosPor Hilda Aguilar
20/06/2009 - 04:10 AM
Piedras Negras, Coah. - Ante la imposibilidad de mantener un jugoso contrato que asegurara la permanencia de Findley Industries en el parque industrial La Amistad en Piedras Negras, la empresa inicio ya la liquidación de cien obreros que tenía por contrato y el lunes hará lo mismo con 221 de planta, incluyendo los de confianza.
Isidro Vargas Campos, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje indicó que el representante legal de la empresa, Benito Garza, presentó un comunicado a la JLCyA de la necesidad de finiquitar el contrato de cien personas, mientras que el lunes se hará lo propio con más de 221, lo que es un claro indicio que la empresa se va de Piedras Negras.
La hipótesis que maneja la empresa, vía su apoderado legal, es que se pudiera recuperar Findley, vía una compra venta; la JLCyA no tiene nada manifestado o que pudiera existir una sustitución patronal.
Se tiene confirmado y platicado que el lunes se hará oficial el cierre de la empresa que estuvo en permanente producción cerca de 9 años en la ciudad.
Lamentablemente con esta acción se pierden más de 300 fuentes de empleo que esperan se puedan recuperar con las nuevas inversiones que vendrían en los próximos meses.
20/06/2009 - 04:10 AM
Piedras Negras, Coah. - Ante la imposibilidad de mantener un jugoso contrato que asegurara la permanencia de Findley Industries en el parque industrial La Amistad en Piedras Negras, la empresa inicio ya la liquidación de cien obreros que tenía por contrato y el lunes hará lo mismo con 221 de planta, incluyendo los de confianza.
Isidro Vargas Campos, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje indicó que el representante legal de la empresa, Benito Garza, presentó un comunicado a la JLCyA de la necesidad de finiquitar el contrato de cien personas, mientras que el lunes se hará lo propio con más de 221, lo que es un claro indicio que la empresa se va de Piedras Negras.
La hipótesis que maneja la empresa, vía su apoderado legal, es que se pudiera recuperar Findley, vía una compra venta; la JLCyA no tiene nada manifestado o que pudiera existir una sustitución patronal.
Se tiene confirmado y platicado que el lunes se hará oficial el cierre de la empresa que estuvo en permanente producción cerca de 9 años en la ciudad.
Lamentablemente con esta acción se pierden más de 300 fuentes de empleo que esperan se puedan recuperar con las nuevas inversiones que vendrían en los próximos meses.
lunes, 15 de junio de 2009
La realidad de un estado en inanicion
Postulándose como precandidato a la Presidencia de la República, tras concluir su mandato como Gobernador de Coahuila en 2005, a Enrique Martínez y Martínez no le importó exponerse a la burla nacional.
“Yo sí sé cómo hacer para que México crezca... ¡Por el futuro de México, vamos derecho!...” —
palabras más, palabras menos— repitió Martínez en publicidad televisiva tantas veces como le alcanzó a pagar con el presupuesto que un grupo de “amigos” tuvo a bien “donar” para su campaña.
La burla derivaba de que el ex gobernador priísta acababa de entregar la administración de un estado cuya economía le había impuesto retos ninguno de los cuales supo resolver con solvencia, y el peor de todos fue la pérdida de inversiones y la consecuente caída del empleo en su sexenio.
La remembranza viene al caso porque, aunque ahora las cosas están peor en la economía coahuilense, en la actual campaña publicitaria de los candidatos coahuilenses del PRI para ocupar cargos como diputados federales la consigna sigue siendo la misma: “nosotros sí sabemos gobernar”.
La “bandera” de los candidatos priístas es la imagen de un supuesto buen desempeño de la actual administración estatal de Humberto Moreira como gobernador de Coahuila.
Desempleo coahuilense
Sin embargo, los números no mienten. Ni en los peores momentos de la Administración Martínez la caída de la calidad de vida de los coahuilenses estuvo tan mal como lo está ahora.
Para muestra, según datos del IMSS, mientras que en el peor momento de Martínez el máximo de empleos formales perdidos acumuló 14 mil 723, en la actual administración de Moreira tal cifra ya es un 51% más alta —22 mil 260—, incluyendo el dato de mayo pasado que recién dio a conocer la institución y, aunque suene redundante, lo peor es que aún no puede decirse que lo peor de este sexenio ya ha pasado.
Eso no es todo. Estadísticas del INEGI revelan que, mientras en la iniciativa privada se han venido perdiendo empleos al por mayor, la nómina del Gobierno entró en la obesidad al pasar de 34 mil 567 en el primer trimestre de 2005 a 58 mil 920 empleados en el primer trimestre de 2009, lo que implica un incremento del 70.45%. Dato que el INEGI desglosa del sector terciario en el subrubro: “población ocupada en Coahuila por el Gobierno y organismos internacionales”, de su Encuesta nacional de Empleo Urbano.
Crimen e informalidad
Bajo ese contexto, y ante la dificultad para conseguir empleo formal, no sólo es cada vez mayor la cantidad de coahuilenses que busca refugio en las actividades informales, sino también la cantidad de quienes delinquen para obtener el sustento.
Según el INEGI, en comparación con la cantidad de trabajadores en actividades informales de la economía durante el primer trimestre de 2005, ahora son 21 mil 125 trabajadores más, totalizando 242 mil 637 los que buscan su sustento en la llamada economía subterránea.
Contrastar la cifra con el total de gente que tiene una ocupación revela que en Coahuila una de cada cinco personas que tienen trabajo, lo tienen vendiendo piratería, en puestos ambulantes, y en un sinnúmero de actividades informales, las cuales pueden incluso ser usadas como medio de fortalecimiento de actividades alternas del crimen organizado.
Si bien cabe aclarar que gran parte de la problemática está fuera del alcance de la capacidad de control del Gobierno del Estado, también cabe el señalamiento de que es en las épocas de crisis cuando se demuestran las capacidades y, hasta ahora, como en su momento hizo Martínez, la Administración Moreira “se lava las manos” culpando al Gobierno Federal.
Pero hay aspectos en los que la administración Moreira no supo, o no se interesó en fortalecer en lo tocante a la atracción de inversiones, una es procurar aquellas que diversificaran las actividades económicas, y la otra pelear por aquellas que tuvieran como destino final de sus productos un mercado diferente al estadounidense.
Y esas son sólo dos de las cosas que sí están capitalizando los gobiernos de otras entidades, mientras que en Coahuila, una entidad cuyo Gobernador es de profesión maestro, sigue sin hacerse la tarea.
Para discutir...
Aunque en la Secretaría de Fomento Económico de Coahuila hay “agentes” operando desde sexenios anteriores, por sus resultados, todo parece indicar que los funcionarios no han aprendido la lección, y ello trae consecuencias muy desfavorables para la población, sobre todo para la que está en edad de trabajar...
* 242 mil trabajadores coahuilenses tienen actualmente su fuente de ingreso en la informalidad debido a la falta de oportunidades formales.
* 20.1% es la proporción de trabajadores informales; es decir, que en Coahuila uno de cada cinco trabajadores se desempeña en actividades de la llamada ecnomía subterránea.
* 54,179 empleos se han perdido en Coahuila desde noviembre de 2008 hasta mayo (datos del IMSS).
* 14,723 empleos es lo máximo que se llegó a perder en la administración de Enrique Martínez (datos del IMSS).
* 5.56% es la proporción de trabajadores con empleo permanente que han perdido su puesto de trabajo en todo lo que va de la actual administración estatal.
* 3.54% ha crecido el ingreso salarial promedio por hora trabajada en Coahuila en los pasados cinco años, aunque se dice que el empleo que se venía generando mejoraría mucho la calidad de vida de los coahuilenses
“Yo sí sé cómo hacer para que México crezca... ¡Por el futuro de México, vamos derecho!...” —
palabras más, palabras menos— repitió Martínez en publicidad televisiva tantas veces como le alcanzó a pagar con el presupuesto que un grupo de “amigos” tuvo a bien “donar” para su campaña.
La burla derivaba de que el ex gobernador priísta acababa de entregar la administración de un estado cuya economía le había impuesto retos ninguno de los cuales supo resolver con solvencia, y el peor de todos fue la pérdida de inversiones y la consecuente caída del empleo en su sexenio.
La remembranza viene al caso porque, aunque ahora las cosas están peor en la economía coahuilense, en la actual campaña publicitaria de los candidatos coahuilenses del PRI para ocupar cargos como diputados federales la consigna sigue siendo la misma: “nosotros sí sabemos gobernar”.
La “bandera” de los candidatos priístas es la imagen de un supuesto buen desempeño de la actual administración estatal de Humberto Moreira como gobernador de Coahuila.
Desempleo coahuilense
Sin embargo, los números no mienten. Ni en los peores momentos de la Administración Martínez la caída de la calidad de vida de los coahuilenses estuvo tan mal como lo está ahora.
Para muestra, según datos del IMSS, mientras que en el peor momento de Martínez el máximo de empleos formales perdidos acumuló 14 mil 723, en la actual administración de Moreira tal cifra ya es un 51% más alta —22 mil 260—, incluyendo el dato de mayo pasado que recién dio a conocer la institución y, aunque suene redundante, lo peor es que aún no puede decirse que lo peor de este sexenio ya ha pasado.
Eso no es todo. Estadísticas del INEGI revelan que, mientras en la iniciativa privada se han venido perdiendo empleos al por mayor, la nómina del Gobierno entró en la obesidad al pasar de 34 mil 567 en el primer trimestre de 2005 a 58 mil 920 empleados en el primer trimestre de 2009, lo que implica un incremento del 70.45%. Dato que el INEGI desglosa del sector terciario en el subrubro: “población ocupada en Coahuila por el Gobierno y organismos internacionales”, de su Encuesta nacional de Empleo Urbano.
Crimen e informalidad
Bajo ese contexto, y ante la dificultad para conseguir empleo formal, no sólo es cada vez mayor la cantidad de coahuilenses que busca refugio en las actividades informales, sino también la cantidad de quienes delinquen para obtener el sustento.
Según el INEGI, en comparación con la cantidad de trabajadores en actividades informales de la economía durante el primer trimestre de 2005, ahora son 21 mil 125 trabajadores más, totalizando 242 mil 637 los que buscan su sustento en la llamada economía subterránea.
Contrastar la cifra con el total de gente que tiene una ocupación revela que en Coahuila una de cada cinco personas que tienen trabajo, lo tienen vendiendo piratería, en puestos ambulantes, y en un sinnúmero de actividades informales, las cuales pueden incluso ser usadas como medio de fortalecimiento de actividades alternas del crimen organizado.
Si bien cabe aclarar que gran parte de la problemática está fuera del alcance de la capacidad de control del Gobierno del Estado, también cabe el señalamiento de que es en las épocas de crisis cuando se demuestran las capacidades y, hasta ahora, como en su momento hizo Martínez, la Administración Moreira “se lava las manos” culpando al Gobierno Federal.
Pero hay aspectos en los que la administración Moreira no supo, o no se interesó en fortalecer en lo tocante a la atracción de inversiones, una es procurar aquellas que diversificaran las actividades económicas, y la otra pelear por aquellas que tuvieran como destino final de sus productos un mercado diferente al estadounidense.
Y esas son sólo dos de las cosas que sí están capitalizando los gobiernos de otras entidades, mientras que en Coahuila, una entidad cuyo Gobernador es de profesión maestro, sigue sin hacerse la tarea.
Para discutir...
Aunque en la Secretaría de Fomento Económico de Coahuila hay “agentes” operando desde sexenios anteriores, por sus resultados, todo parece indicar que los funcionarios no han aprendido la lección, y ello trae consecuencias muy desfavorables para la población, sobre todo para la que está en edad de trabajar...
* 242 mil trabajadores coahuilenses tienen actualmente su fuente de ingreso en la informalidad debido a la falta de oportunidades formales.
* 20.1% es la proporción de trabajadores informales; es decir, que en Coahuila uno de cada cinco trabajadores se desempeña en actividades de la llamada ecnomía subterránea.
* 54,179 empleos se han perdido en Coahuila desde noviembre de 2008 hasta mayo (datos del IMSS).
* 14,723 empleos es lo máximo que se llegó a perder en la administración de Enrique Martínez (datos del IMSS).
* 5.56% es la proporción de trabajadores con empleo permanente que han perdido su puesto de trabajo en todo lo que va de la actual administración estatal.
* 3.54% ha crecido el ingreso salarial promedio por hora trabajada en Coahuila en los pasados cinco años, aunque se dice que el empleo que se venía generando mejoraría mucho la calidad de vida de los coahuilenses
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